Comunicaciones judiciales: cómo llegan y dónde está el riesgo

Una notificación judicial es un acto de comunicación con efectos procesales: desde que se entiende practicada, empieza a correr el plazo. Hoy, la mayoría de esos actos se practican por vía electrónica, a través de LexNET o del sistema autonómico correspondiente, y acaban reflejándose en un aviso o en un correo que llega al despacho.

El problema es que ese correo es solo el aviso de que hay algo que atender. El plazo no espera a que alguien lo lea: corre desde que la comunicación se tiene por practicada conforme a la ley.

Depender de que una persona vea a tiempo un correo entre decenas tiene tres puntos débiles. El mensaje puede perderse entre otros; puede malinterpretarse, porque no todo lo que parece una notificación lo es, ni al revés; y puede leerse tarde, cuando ya se ha consumido parte del plazo.

Ninguno de esos fallos es de mala praxis: son fallos de un flujo manual con mucho volumen. La forma de reducirlos es sistematizar la detección: reconocer que un correo es una comunicación judicial, saber de qué canal procede y a qué procedimiento corresponde, y arrancar el cómputo sin intervención.

Conviene no confundir el aviso de cortesía que envían algunos sistemas con la notificación en sentido propio. El aviso ayuda, pero los efectos procesales se anudan a la puesta a disposición del acto en la forma prevista legalmente, no al correo de aviso. Este artículo es divulgativo: la validez y el momento exacto de cada notificación dependen de su régimen legal y deben comprobarse caso a caso.